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Las entidades de la iglesia en Tenerife (Cáritas Diocesana, Sector Social de la Compañía de Jesús, Justicia y Paz, CONFER, Radio ECCA, Fundación Proyecto Don Bosco y la Delegación Diocesana de Migraciones), coincidiendo con la celebración del Día Mundial de las Personas Refugiadas, han firmado un manifiesto común para solicitar un giro inmediato en las políticas de migración ante la realidad de las personas refugiadas. Solicitan este cambio no solo en la frontera este de Europa, sino también aquí, en la frontera sur, según informan estas entidades en una nota de prensa. 

El texto ha sido entregado por las entidades firmantes al delegado del Gobierno en Canarias,
 D. Enrique Hernández Bento, en la capital tinerfeña.
Las entidades de la iglesia en Tenerife afirman en el manifiesto que “somos tierra de acogida y que deberían priorizarse la hospitalidad, dignidad y derechos de las personas migrantes”, por ello solicitan que se modifiqueel enfoque de las políticas de migración y asilo, poniendo a la persona y sus derechos en el centro. Reforzando la operaciones de búsqueda y rescate, en lugar de priorizar en el control de las fronteras con acciones que vulneran los derechos humanos. También es necesaria la derogación de la disposición final primera de la Ley de Seguridad Ciudadana, que permite el rechazo en frontera, en Ceuta y Melilla, sin cumplir con las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Protección Internacional.
Por otro lado, solicitan (tanto al Gobierno en funciones como al futuro Ejecutivo que se conforme tras las elecciones del próximo 26 de junio) que se garanticen vías de acceso legales y seguras, que permitan a las personas llegar a territorio europeo sin arriesgar sus vidas en viajes peligrosos y poniéndose en manos de las redes de tráfico de personas. Y que se retire el apoyo al Acuerdo UE-Turquía para que España no sea cómplice en un acuerdo que vulnera los Derechos Humanos y la Protección Internacional de las personas migrantes.
Otro de los puntos que contempla el manifiesto es la garantía del cumplimiento en materia de asilo. Solicitan que se respete el derecho humano universal a pedir asilo, sea cual sea el país de origen o llegada, con procedimientos justos, individualizados, rápidos y eficientes. Por lo que debe ser prioritario aprobar un reglamento que desarrolle la Ley sobre Protección Internacional en España, pendiente desde 2009.
También reclaman que se cumplan y amplíen los compromisos de reubicación y asentamiento, ya que España, junto al resto de los países europeos, lleva desde 2015 negociando cupos de personas refugiadas, sin atender que son personas y no números y, en todo caso, sin un cumplimiento real de esos cupos.
Y, finalmente, recuerdan que es necesario potenciar la Ayuda al Desarrollo, ya que consideran que es necesario que España fortalezca la política pública de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, recuperando progresivamente el compromiso de destinar el 0.7% de la Renta Nacional Bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo.
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