La emergencia habitacional que suponen las dificultades de acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible es una realidad para millones de personas en España. La vulneración de este Derecho Humano ha sido reiteradamente condenada por Naciones Unidas por la carencia de legislación y políticas públicas adecuadas.
Los datos de exclusión en la vivienda abruman y se han agravado con la crisis sanitaria. El 23,7 % de la población, más de 11 millones de personas, está afectada por algún indicador de exclusión en la vivienda. Una cifra que se eleva hasta el 60 % de la población en situación de pobreza severa.
Desde las organizaciones de Tercer Sector de Acción Social comprobamos día a día que la vivienda en nuestro país se ha convertido en uno de los determinantes sociales más importantes para explicar los procesos de exclusión social y pobreza.
Con la covid-19 se ha hecho patente la emergencia al ver cómo ha aumentado a 5,7 millones las personas que en 2020 sufrieron retrasos en los pagos relacionados con la vivienda (hipoteca, alquiler, recibos), dos millones más que en 2019.
Sinhogarismo de calle, infravivienda y chabolismo, deficiencias graves en la construcción, insalubridad, hacinamiento, vivienda precaria, desahucios, desalojos, entorno degradado, barreras arquitectónicas, falta de accesibilidad, desproporción de gastos en vivienda frente a ingresos o pobreza energética (unos fenómenos agravados de forma brutal por la subida injustificada de los precios de la electricidad).
Se trata de una emergencia que afecta especialmente a las personas más jóvenes, el tramo de edad con mayor porcentaje de pobreza y exclusión social y con un serio riesgo de transmisión intergeneracional. Que empeora ante crecientes situaciones de discriminación en las que se obstaculiza el acceso y mantenimiento de una vivienda por cuestiones relacionadas con el país de origen, nacionalidad o etnicidad, género, discapacidad o criminalización de la pobreza.
Frente a esta emergencia, constatamos de nuevo que a nivel estatal y también en la mayoría de las comunidades autónomas y ayuntamientos, hay una clara falta de dotación presupuestaria, políticas y medidas fuertes y cohesionadas que apuntalen este derecho. Una emergencia a la que no se le ha dado respuesta en los últimos 10 años y que tememos que se cronifique aún más.
En España el volumen de vivienda protegida construida es la más baja desde la década de 1950, promoviéndose en 2019 apenas 6615. Una disminución del 90 % en 10 años. Al mismo tiempo el parque de vivienda social supone el 0,96 % de las viviendas principales (algo menos de 178 500 viviendas), cuando en la Unión Europea es del 9,3 %. Sólo el 3,3 % de los hogares residen en régimen de alquiler inferior a precio de mercado (más de 614 000 hogares).
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